Preguntas Frecuentes

La Ley de Insolvencia permite reorganizar deudas mediante un procedimiento legal cuando una persona no puede cumplir sus obligaciones. Con la Ley 2445 de 2025 también aplica a pequeños comerciantes. Es un mecanismo formal ante centros de conciliación, notarías o jueces civiles, cuya finalidad es negociar deudas de forma ordenada y recuperar estabilidad económica.

Pueden acogerse personas naturales no comerciantes (empleados, pensionados, trabajadores dependientes) y pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 SMMLV. En ambos casos se requiere estar en cesación de pagos: mora con dos o más acreedores por más de 90 días (o dos o más procesos de cobro) y que las obligaciones en mora sean al menos el 30% del pasivo total.

Sí. Con la Ley 2445 de 2025, los pequeños comerciantes con activos totales inferiores a 1.000 SMMLV pueden acogerse al mismo régimen de insolvencia de persona natural. Para calcular ese tope se excluyen la vivienda familiar y el vehículo que usas como instrumento de trabajo.

Debes radicar una solicitud ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, una notaría habilitada o el juez civil de tu domicilio, con la documentación exigida. El proceso incluye: diagnóstico inicial, preparación de documentos, radicación, y audiencia de negociación con tus acreedores.

No. La insolvencia no borra deudas: las reorganiza y permite negociarlas dentro de un proceso legal. El objetivo es llegar a un acuerdo de pago realista con tus acreedores, no eliminar las obligaciones, sino hacerlas manejables según tu situación real.

Entran la mayoría de obligaciones civiles y financieras: tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, libranzas, deudas con cooperativas y créditos de consumo. Algunas obligaciones, como las alimentarias, tienen tratamiento especial. Las deudas con proveedores también pueden incluirse si eres pequeño comerciante. Cada caso se revisa individualmente.

Durante el trámite admitido, los descuentos automáticos por nómina (incluidos los de libranzas) quedan suspendidos. Esto te da un respiro de liquidez para poder negociar. Las libranzas pueden incluirse en el proceso; cada una se revisa según sus condiciones.

Si no hay acuerdo en la etapa de negociación, la ley prevé la siguiente etapa, que puede ser la liquidación patrimonial supervisada. No significa quedarse sin opciones: es una etapa regulada que también busca ordenar tu situación de la forma más favorable posible.

Sí. Cuando el trámite es admitido y procede legalmente, se suspenden los cobros coactivos, los descuentos automáticos por nómina y la ejecución de garantías mobiliarias. Esta protección te da un respiro para concentrarte en negociar. Por eso es clave iniciar el proceso correctamente y a tiempo.

Depende de la situación jurídica de tu vivienda. Algunos bienes, como la vivienda constituida en patrimonio de familia, pueden tener protección especial. Pero esa protección no es automática: depende de si hay hipotecas, gravámenes o garantías sobre el bien. Cada caso debe revisarse en detalle antes de sacar conclusiones.

No. En Colombia no existe cárcel por deudas civiles ni financieras. Nadie va preso por no poder pagar un crédito, una tarjeta o una libranza. Cosa distinta son los delitos como el fraude o la estafa, que tienen su propia regulación penal y no se confunden con no poder pagar una deuda de buena fe.

No. El reporte negativo no es eterno: tiene reglas de permanencia y caducidad establecidas por ley. El historial puede recuperarse con el tiempo y según el cumplimiento del acuerdo. Desconfía de quien te prometa 'borrarte de Datacrédito' de forma inmediata o garantizada, eso no existe legalmente.

No de forma automática. Lo que hace el proceso es ordenar tu situación financiera; la actualización del reporte depende del cumplimiento del acuerdo y de las reglas de las centrales de riesgo. Con el tiempo, y cumpliendo el acuerdo, tu historial puede mejorar.

El plazo inicial de negociación suele ser de 60 días, prorrogable según el caso. Para pequeños comerciantes puede extenderse más por acuerdo entre las partes. Los tiempos finales dependen de la negociación con los acreedores y la complejidad del caso.

Cuando el monto de la insolvencia supera cierto umbral legal, la intervención de un apoderado es obligatoria por ley. En montos menores puede no serlo, pero contar con acompañamiento legal profesional es muy recomendable para que el proceso avance correctamente y se protejan tus intereses.

Se tramita ante centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia, notarías habilitadas o, en ciertos casos, el juez civil del domicilio del deudor. Con la Ley 2445 de 2025 también se habilitaron audiencias y negociaciones de forma virtual.

El costo varía según el operador (centro de conciliación o notaría), los honorarios del apoderado y la complejidad del caso, número de acreedores, bienes y procesos en curso. La ley establece que las tarifas de los operadores no pueden constituir una barrera de acceso. Lo ideal es solicitar una revisión inicial para conocer los costos concretos de tu caso.

Depende de cada firma y de tu situación. La ley busca que el costo no impida el acceso al proceso. En la revisión inicial te explicamos qué incluye cada valor y cómo se estructuran los pagos, sin sorpresas.